Centro de estudios políticos y constitucionales de madrid

Conferencia internacional de Harper con el profesor Roger Myerson

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid es un organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia español. La misión del Centro es fomentar el análisis de los sistemas políticos, constitucionales y administrativos nacionales e internacionales. Presta especial atención a las cuestiones relacionadas con el derecho español y con las instituciones latinoamericanas y sus relaciones con Europa. Los actuales programas de investigación interdisciplinar se ocupan de la estructura territorial y el federalismo; la democratización, el Estado de Derecho y la reforma constitucional; la inmigración; las cuestiones de género; y la UE, con especial atención al constitucionalismo comunitario. El CEPC posee la editorial especializada en Derecho Constitucional y Ciencia Política más importante de España y cuenta con una Biblioteca de 80.000 volúmenes abierta al público en general.

La participación del CEPC en RECON finalizó el 1 de agosto de 2008 y el proyecto ha sido transferido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid.

Crisis constitucional en España II: Dinámicas internas y

El Grupo Permanente sobre la Unión Europea se complace en presentar la segunda edición de su Serie de Seminarios en Línea para apoyar su misión de fomentar la colaboración entre los politólogos interesados en el estudio de la Unión Europea.

Esta interesante iniciativa consiste en charlas mensuales en las que se exponen investigaciones de vanguardia sobre cuestiones urgentes relacionadas con la Unión Europea, impartidas por miembros del grupo e invitados especiales, seguidas de un debate moderado.

Convocado y presidido por el profesor Jonathan Zeitlin (Universidad de Ámsterdam) y la profesora Nathalie Brack (Universidad Libre de Bruselas), el seminario tiene lugar en línea cada tercer jueves del mes, de octubre a abril, y permite a los investigadores presentar su trabajo y recibir comentarios de un ponente y un público multidisciplinar.

Resumen: Uno de los hechos más preocupantes de la defensa del Estado de Derecho en la UE es la incapacidad del Consejo para actuar en virtud de los procedimientos del artículo 7. Académicos y comentaristas han lanzado un sinfín de críticas, culpando al Consejo de no haber actuado en absoluto en relación con las crisis de Hungría y Polonia. Sin embargo, hasta la fecha no disponemos de una explicación teóricamente parsimoniosa de por qué algunos Estados pueden oponerse a aplicar el artículo 7 mientras que otros se inclinan más por aplicarlo. En este documento, abordamos esta cuestión teniendo en cuenta las explicaciones de los Estados que se oponen al uso de los mecanismos de aplicación avanzadas por algunos estudiosos. Éstas apuntan a las condiciones estructurales (es decir, las determinadas por el Estado miembro, como la posición geográfica, el año de la adhesión y el momento de la misma) y a las condiciones circunstanciales (es decir, las relacionadas con el gobierno en ese momento, incluida la ideología, la postura de integración en la UE y el cumplimiento democrático). Comprobamos el impacto de estas condiciones en las posiciones de los gobiernos mediante un Análisis Cualitativo Comparativo (ACC). Avanzamos que a menudo existe una dependencia de la trayectoria en las posiciones de los gobiernos de un mismo Estado miembro, a pesar de los cambios en la ideología del partido gobernante.

La lucha contra el iliberalismo a través de los tribunales – 5 de julio de 2018

Como consultor, ha colaborado con la Comisión Europea (DG Justicia, Libertad y Seguridad), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Irak (UNAMI) y la Fundación Friedrich Neumann en el asesoramiento sobre la elaboración de constituciones en Irak y la descentralización territorial en Tailandia; también ha participado en un programa del Consejo de Europa para el desarrollo de capacidades de parlamentarios nacionales en Serbia y Montenegro y con la Agencia Española de Cooperación (AECID) en la formación y capacitación sobre la integración regional en América Latina, los procesos de descentralización en el área andina y la formación de parlamentarios de integración. Actualmente colabora con la Comisión de la UE y el Consejo de Europa en un proyecto sobre la aplicación de la Constitución de Bolivia. Colabora habitualmente con el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y la Fundación Alternativas, donde ha publicado varios policy papers, con la Fundación Notre Europe, el Comité de Regiones de la UE y con el Bureau of Policy Advisers del Presidente de la Comisión Europea.

20180511 seminario de la ccpl: las cláusulas de extinción en el proceso del brexit

Valoramos la colaboración con todos los grupos que se dedican a mejorar la gobernanza democrática. Nuestras asociaciones con grupos nacionales incluyen organismos de gestión electoral y partidos políticos, así como organizaciones regionales y subregionales. Nuestra financiación y otros tipos de contribuciones provienen de nuestros Estados miembros y otros socios financieros. Más información sobre nuestros socios.

Desarrollamos, compartimos y posibilitamos el uso de conocimientos comparativos en nuestras principales áreas de impacto: procesos electorales, construcción de constituciones, evaluación de la democracia y participación y representación política. También abordamos las importantes cuestiones de la igualdad de género y la inclusión, y los conflictos y la seguridad en relación con la democracia.

Nuestros esfuerzos para apoyar el cambio democrático se basan en nuestro potencial de convocatoria. Facilitamos el diálogo a nivel nacional, de expertos e internacional. Trabajamos con el espíritu del diálogo entre iguales, en el que todos tienen experiencias y conocimientos que compartir.

Nuestro Secretario General ejerce el liderazgo estratégico del Instituto. Para ello, el Secretario General informa sobre la ejecución general de las actividades y representa a la organización en el exterior y desarrolla sólidas relaciones con los Estados miembros y otros grupos de interés. El Secretario General nombra al personal para llevar a cabo los programas de la organización.