Ayotzinapa 43 estudiantes desaparecidos
6 de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos fueron entregados al ejército, dice un funcionario Seis de los 43 estudiantes universitarios “desaparecidos” en 2014 fueron supuestamente mantenidos vivos en una bodega durante días y luego entregados al comandante del ejército local que ordenó matarlos, dijo un funcionario.
CIUDAD DE MÉXICO – Seis de los 43 estudiantes universitarios “desaparecidos” en 2014 fueron presuntamente mantenidos vivos en una bodega durante días y luego entregados al comandante del ejército local que ordenó matarlos, dijo el viernes el funcionario del gobierno mexicano que encabeza una Comisión de la Verdad. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo la impactante revelación que vincula directamente a los militares con uno de los peores escándalos de derechos humanos en México, y se produjo con poca fanfarria al hacer una larga defensa del informe de la comisión publicado una semana antes. La semana pasada, a pesar de declarar los secuestros y las desapariciones como un “crimen de Estado” y decir que el ejército observó lo que sucedía sin intervenir, Encinas no mencionó que seis estudiantes fueron entregados al coronel José Rodríguez Pérez.
Masacre de Ayotzinapa
Los padres en duelo marcharon por las calles de Ciudad de México la semana pasada, en su primera protesta desde la publicación de un impactante informe del gobierno mexicano que culpaba al ejército y a la policía del país de la desaparición de 43 estudiantes, hace casi ocho años.
Los renovados llamamientos a la justicia se producen después de que una comisión de la verdad del gobierno presentara el 18 de agosto su demoledor informe, en el que se concluye que los estudiantes desaparecidos fueron víctimas de un “crimen patrocinado por el Estado”.
Encontrar la verdad sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes fue una de las 100 promesas de campaña del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones presidenciales de julio de 2018. La renovada investigación bajo su presidencia vinculó a las autoridades federales, estatales y locales -muchas de ellas sin nombrar- con “…la desaparición y ejecución de los estudiantes.”
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de edad universitaria se dirigían a la Ciudad de México, conmemorando el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, donde las fuerzas del gobierno mataron hasta 300 manifestantes estudiantiles.
Los 43 de ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, cuarenta y tres estudiantes varones desaparecieron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tras ser secuestrados por la fuerza en Iguala, Guerrero, México. Al parecer, fueron detenidos por policías locales de Iguala y Cocula en connivencia con el crimen organizado. El secuestro masivo ha provocado continuas protestas internacionales y malestar social, lo que ha llevado a la dimisión del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ante las protestas de todo el estado el 23 de octubre de 2014.
Los estudiantes habían requisado anualmente varios autobuses para viajar a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968; la policía intentó interceptar varios de los autobuses utilizando barricadas y disparando armas. Los detalles siguen sin estar claros sobre lo que ocurrió durante y después del control de carretera, pero la investigación del gobierno concluyó [¿cuándo?] que 43 de los estudiantes fueron detenidos y entregados al cártel de la droga local Guerreros Unidos y probablemente asesinados. Esta versión oficial del gobierno mexicano es discutida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reunió a un grupo de expertos que realizó una investigación de seis meses en 2015. Afirmaron que la afirmación del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados en un basurero porque fueron confundidos con miembros de una banda de narcotraficantes era “científicamente imposible”.
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
Inmediatamente después de la desaparición, Human Rights Watch documentó graves deficiencias en la respuesta oficial. Más tarde, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que las autoridades habían perpetrado un encubrimiento masivo, torturando a los sospechosos y manipulando mal las pruebas para crear una versión falsa de los hechos.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, prometió determinar finalmente lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia. Para garantizar una investigación creíble, el fiscal general creó una fiscalía especial para el caso, nombrando a un respetado defensor de los derechos humanos como su jefe y prometiendo total independencia.
El fiscal especial hizo importantes avances. Y en agosto las autoridades obtuvieron 83 órdenes de detención contra funcionarios del gobierno, presuntos miembros del cártel y soldados implicados en la desaparición y el encubrimiento.
El 27 de septiembre, el fiscal especial dimitió repentina e inesperadamente. Días después, el grupo de expertos de la CIDH publicó un informe en el que se denunciaba que el fiscal general había obstruido la investigación durante meses, entre otras cosas, negándose a ejecutar las órdenes de detención o a realizar análisis forenses; retirando arbitrariamente al personal y los casos de la fiscalía especial; interviniendo para que se cancelaran las órdenes de detención contra miembros del ejército y funcionarios del gobierno, y abriendo una investigación interna contra el fiscal especial. Hace dos semanas, el fiscal general nombró a un nuevo fiscal especial para el caso: un aliado político del presidente sin experiencia en la investigación de abusos contra los derechos humanos.